La mañana de este miércoles Estados Unidos anunció, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que impuso sanciones contra cuatro personas y 13 empresas mexicanas que operan cerca de Puerto Vallarta y están vinculadas al fraude de tiempo compartido organizado por el CJNG, un cártel considerado una organización terrorista extranjera (FTO) por Estados Unidos.
El Tesoro señaló que “estos cárteles continúan creando nuevas formas de generar ingresos para alimentar sus operaciones terroristas”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “Venimos por cárteles terroristas de la droga como el Cártel de Jalisco Nueva Generación que están inundando nuestro país con fentanilo”. Además, indicó que se perseguirá “incluir sus esfuerzos por aprovecharse de los estadounidenses mayores mediante el fraude de tiempo compartido”.
El fraude de tiempo compartido consiste en estafas complejas dirigidas a propietarios estadounidenses, principalmente personas mayores, a quienes se les pide pagar anticiposo “impuestos” con promesas falsas de recuperar dinero o realizar ventas de sus propiedades. Estas estafas se realizan a través de centros de llamadas en México que simulan ofrecer servicios legítimos en inglés.
Entre los señalados están Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudino Haro y Michael Ibarra Díaz Jr., quienes han sido sancionados bajo órdenes ejecutivas por su relación directa o indirecta con el CJNG y estas prácticas ilícitas.La red de empresas sancionadas incluye varias dedicadas explícitamente a la industria del tiempo compartido, inmobiliarias, operadores turísticos, servicios automotrices y firmas contables, todas presuntamente vinculadas a las operaciones del CJNG.
El fraude de tiempo compartido ha generado pérdidas millonarias, tan solo el FBI reportó que entre 2019 y 2023 unas 6,000 víctimas estadounidenses perdieron casi 300 millones de dólares. En solo 2024, hubo más de 900 quejas y pérdidas por más de 50 millones, aunque se cree que muchas víctimas no denuncian el fraude.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y activos propiedad de las personas y empresas listadas que estén en Estados Unidos o bajo control de estadounidenses quedan bloqueados. Se prohíben todas las transacciones con estas entidades, a menos que existan exenciones o licencias específicas emitidas por la OFAC.
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